El 10 de diciembre de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, cuyo objeto es ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos y las entidades privadas que reciben fondos públicos y que cumplen una serie de requisitos (descritos en Art. 3b).
La aplicación de la ley va poco a poco surtiendo efecto, respondiendo “a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social” (art. 1 del preámbulo de la ley). No es sólo la ley la que en determinados casos obliga, sino fundamentalmente la demanda creciente de una ciudadanía madura y exigente.
Tanto tanto administraciones públicas, como en privadas, van dando respuesta a esta solicitud de la sociedad española, quizás no con el ritmo deseado, pero sí de manera creciente.